Tweet

El ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, y el titular de la Comisión Pilcomayo, Ing. Lucio Amarilla, anunciaron que emprenderán una batalla frontal contra la grave irregularidad de los diques que taponan el cauces del río Pilcomayo.

Añaden que solo esperan una mayor cooperación en ese sentido, de jueces y fiscales. Lamentan que un pequeño grupo de hacendados se beneficie de la multimillonaria inversión que hace anualmente el MOPC en los trabajos de limpieza y canalización del recurso hídrico, que frecuentemente tropieza con la apertura ilegal de tomas de agua de los argentinos, y las presas que hacen que el río riegue las propiedades de pocas personas.

Las mismas impiden la distribución equitativa del vital líquido. Los denunciados ponen la excusa de que los embalses encontrados son fruto del represamiento de las aguas de lluvias y, otros, hasta responsabilizaron a las autoridades del MOPC de “perjuicios” en sus haciendas, como mortandad de animales porque encargó trabajos sin ninguna planificación”, según expresaron en una visita a ABC Color.

Amarilla agregó ayer que efectuaron un nuevo vuelo sobre el Chaco y que en la nueva inspección que hicieron el miércoles comprobaron que gran parte de los embalses que fueron destruidos el año pasado “siguen gozando de muy buena salud”, e inclusive “se están multiplicando”, indicó.

La Comisión Pilcomayo denunció semanas atrás varios represamientos en las zonas del Tinfunké y Montelindo, entre otros sectores, en las propiedades de Nicolás Luthold, Carlos Benítez, Elsa Brusquetti, Justino Ríos y Jorge Dakack. “Fueron individualizadas otras represas, de manera que estas personas no valoran el esfuerzo que realiza el Gobierno para proveer de agua a todos los chaqueños”, dijo el responsable de la oficina especializada del MOPC.

El Abog. Alejandro Nissen, de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC, anunció en la víspera que, probablemente entre el lunes o el martes venidero, estarán imprimiendo nuevos trámites en la Fiscalía a cargo de Ricardo Merlo, solicitando la orden de allanamiento para la destrucción de las represas.

Nissen explicó que están aguardando el informe final de la Secretaría del Ambiente (Seam) y de la Comisión Pilcomayo sobre los relevamientos topográficos realizados por técnicos de las referidas reparticiones, que corroborarán si efectivamente esas presas están ubicadas en el cauce del río y que están ocasionando tremendos daños ambientales.

El jefe de la Unidad de Asuntos Internos recordó que en la fiscalía de Ricardo Merlo obra una carpeta desde el 2009, en la que se exponen los problemas ocasionados por estas acciones irregulares y con la que se pudo obtener la autorización para llevar adelante la destrucción de los enormes muros de taponamiento. Amarilla manifestó que, en principio, ya en el curso de la semana entrante, se estarán constituyendo con los funcionarios de la Seam en las propiedades citadas. “Hay que cortar por lo sano este problema. Ya, inmediatamente, se hará la denuncia en la instancia competente”, acotó.

La denuncia

La causa abierta en la Unidad Especializada Ambiental lleva el Nº 1890/2009. Fue presentada el 9 de marzo del 2009 por el ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, por medio de la Unidad de Asuntos Internos (UDAI) del MOPC. La denuncia fue elevada contra personas innominadas por delitos contra el medioambiente, contra las bases naturales de la vida y perjuicios a reservas naturales a través del represas en el Pilcomayo.

La UDAI pedía al Ministerio Público las correspondientes órdenes de allanamiento y destrucción de las represas construidas clandestinamente por los productores de la zona, hasta tanto el agente fiscal interviniente no formule acta de imputación.

La UDAI informó en su momento que se encontraba en permanente contacto con la Comisión del Río Pilcomayo para prevenir posibles construcciones de nuevas represas sobre el río, acompañando también en periódicas visitas al lugar de obras. Decía que a esa fecha (2009) habían sido abiertas cerca de 15 represas en el cauce del río.