La alianza descarta que la Ley, que actualmente está vigente, sea inaplicable. Indican que los partidos políticos deben justificar de dónde proviene el dinero para sus campañas.

La ANR presentó el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia contra la Ley 4743/12 de Financiamiento Político , promulgada por el Ejecutivo en octubre del año pasado.

El Partido Colorado pidió una medida cautelar para suspender su aplicación en las elecciones de abril próximo, argumentando la inconstitucionalidad de la misma, según informó este jueves el Diario Última Hora.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de la Alianza Paraguay Alegre, Rafael Filizzola, calificó de un "hecho grave" la solicitud del Partido Colorado. "Esto es muy grave ya que hay muchas evidencias de que las campañas son financiadas con actividades ilegales", dijo al término de la rueda de prensa en contacto con la 730 AM.

"Hace unos días que vienen saliendo casos de personas ligadas a Horacio Cartes que caen con cargamentos de droga. Los organismos jurisdiccionales deben investigar el origen del dinero. Estamos preocupados porque la inconstitucionalidad se presentó sin ningún argumento. Es grave que se pretenda ocultar el origen del dinero que se utiliza en campañas electorales", señaló.

Efraín Alegre se refirió a la polémica sobre los pedidos de los cargos públicos, como en las binacionales Itaipú y Yacyretá, por parte de sus correligionarios. Afirmó que estos "pueden realizar recomendaciones" para las contrataciones en las instituciones estatales, y que los directores, ministros o administradores son los que deben cumplir con la Ley de Contrataciones.

" La gente tiene derecho a ser contratada, pero se debe contratar en base a criterios de idoneidad. La única menara de actuar es sobre la necesidad, así yo creo, he actuado y voy a actuar. Los directores, ministros y administradores son los que son responsables", explicó.

El candidato a presidente mencionó que "ellos (los correligionarios) pueden gestionar (los contratos), pero el que debe ser cuestionado es aquel que no actué conforme a lo establecido en las normativas", refirió.

La misma senadora del PLRA, Zulma Gómez, reconoció ayer que no solo pidió cargos en Itaipú sino también obras.

Por su parte, los directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, así como el ministro de Salud, Antonio Arbo, admitieron esta semana recibir fuertes presiones tanto de miembros del partido, como de personas particulares para contratar funcionarios en sus respectivas instituciones.