En el Senado existe una ajustada mayoría para destituir a Oviedo Matto


Las denuncias que salpican al oviedista lo ponen en la cuerda floja y podría dejar de ser presidente del Congreso. Ya se cuenta con los 23 votos de la ANR, PPQ, dos luguistas, un independiente y un liberal.

Un fuerte operativo se está gestando dentro del Congreso, que apunta a la destitución del actual
titular, Jorge Oviedo Matto, ante denuncias sobre irregularidades en venta de tierras que lo vinculan fuertemente. Referentes de la ANR, Patria Querida
y del luguismo, un independiente y un disidente
liberal coinciden en que debe dar un paso al costado.
De lo que ya se está hablando es de su remoción del cargo, para lo cual se precisa de 23 senadores, y se podría concretar mañana.
Hasta el momento la suma de votos para la remoción llega a 23, con 15 senadores colorados,
4 patriaqueridistas, 2 luguistas y el voto de Enrique
González Quintana, ex-Unace, y Alfredo Jaeggli, del PLRA.
El senador de País Solidario Alberto Grillón se limitó a señalar que desconocía conversaciones sobre el tema, aunque extraoficialmente se menciona
que votaría en contra, para defender a un hermano suyo en un cargo público.
Para la convocatoria a sesión extra para la remoción y posible suspensión hasta que dure la investigación, se precisa de 12 votos, con lo cual
Jaeggli pasaría a presidir el Senado, ya que es actualmente el vicepresidente primero.
QUE SE APARTE. El colorado Rogelio Benítez indicó que lo correcto hubiera sido que Oviedo Matto tome la iniciativa, explique sobre las denuncias y se aparte del cargo. Fue su correligionario Hugo
Estigarribia quien, un día antes, manifestó que el titular del Congreso debería perder su investidura y como mínimo ser removido del cargo.
Benítez admitió que dentro de la ANR están analizando la situación. "Quiérase o no, es el
presidente de la Cámara. El hecho de que esté involucrado es realmente doloroso", dijo. Señaló que lamenta que, en su descargo, Oviedo Matto trate
de eludir responsabilidades diciendo que el presupuesto para la compra de las polémicas
tierras fue aprobado por el Congreso.
"Sabemos que los montos se aprueban en forma general. Nunca se establece. Es función
del Ejecutivo el destino de aplicación de los fondos. Es genérico", refirió el senador.
El patriaqueridista Marcelo Duarte indicó que hoy al mediodía se reúne la bancada y analizará el tema. Manifestó que se buscaría un argumento legal, ya que no existen precedentes.
"Si alguien plantea su remoción y acerca los elementos que la justifiquen, yo creo que mi bancada apoyaría", manifestó el legislador.
El luguista Sixto Pereira, por su parte, mantiene la tesis de que Oviedo Matto debería poner su cargo a disposición, pero no quiso adelantar postura. Se
limitó a señalar que conversará sobre el tema con Carlos Filizzola, su compañero de la multibancada.
Según las informaciones, este último se habría comprometido a acompañar un eventual pedido de destitución y suspensión.
JUSTIFICA. Por su parte, el liberal Ramón Gómez Verlangieri defendió el procedimiento que se llevó adelante para la adquisición de las tierras, indicando que era legal.
"Figura en el presupuesto del 2012 por un monto de G. 75.000 millones. Existe dentro del procedimiento que hasta el 28 de febrero se tiene tiempo para poder incluir lo que fue del año anterior", aseguró el
parlamentario liberal.
"Sentaría precedente"
El titular del Congreso, Jorge Oviedo Matto, ironizó sobre su eventual destitución, indicando que tendrían que juntar una mayoría, y se sentaría un precedente. Advirtió que cuando él vuelva a tener mayoría, haría lo mismo para que siga la "joda". Insistió en que no tiene nada que ver con las denuncias en su contra sobre irregularidades en la compra de tierras, y que ni siquiera hay pruebas. Cuestionó a los medios de prensa y alegó que se trata de una campaña de los colorados, que están desesperados por el voto útil del Unace a favor de Efraín Alegre. Advirtió que existe la ley de retorno y acusó de mala fe y mal procedimiento la imputación de la fiscala Claudia Criscioni a la escribana Marta Roa de Vargas. Sobre una denuncia del síndico Raúl Silva en torno a la presión para cobrar G. 20.000 millones, refirió que el mismo es cómplice
por no haber denunciado, y pidió pruebas. En
cuanto a los viajes de Alegre pagados por la EBY, el
liberal Ramón Gómez Verlangieri dijo que conversó
con Enrique Cáceres, quien le dijo que la denuncia era falsa; y si fuera cierta, sería un error de Efraín.

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