El Congreso sancionó en la fecha la ley de responsabilidad fiscal anhelada por el Poder Ejecutivo para establecer límites al incremento de gastos en el Presupuesto General de la

Tratamiento en el pleno de Diputados

Durante su tratamiento los voceros de las diferentes bancadas, a excepción del Frente Guasu, se mostraron a favor de aprobar la normativa alegando la importancia de contar con un marco regulatorio que busca establecer una finanza sostenible.

No obstante, recalcaron que la responsabilidad fiscal debe ser para todos los órganos encargados de elaborar el Presupuesto General de Gastos y no solo para el Poder Legislativo. En ese sentido, sacaron a relucir que el propio Ejecutivo ya envía un presupuesto  con un déficit del más del 2% para el 2014, cuando la normativa estima que no debe ser mayor del 1.5% del PIB.

El vocero de la bancada colorada, José María Ibáñez, expresó que es importante trasmitir un mensaje a la comunidad nacional e internacional del compromiso y voluntad de construir un país serio y previsible para generar una nueva imagen del Estado paraguayo.

Mientras que el portavoz de la bancada del PLRA, Amado Florentín, indicó que la ley de responsabilidad fiscal es un proyecto de expresión de deseo y compromiso. Refirió que un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo será importante para sostener la vigencia de la normativa.

La diputada de Avanza País, Rocío Casco, consideró  que se inicia un proceso y debe darse una continuidad para gastar de manera más responsable el dinero público. "Esta ley de responsabilidad fiscal nos dice que solo debemos gastar lo que tenemos", refirió al tiempo de agregar de que si no hay voluntad política para modificar la matriz de recaudación del Estado será difícil el combate a la pobreza.

Un duro cuestionamiento fue el realizado por el diputado liberal, Antonio Buzarquis, mencionando que la aprobación de la propuesta es el reconocimiento de "que el Congreso no es objetivo para elaborar el Presupuesto y de que la clase política ha fracasado". Afirmó que pese a no estar de acuerdo, acompañaría la ley.

El parlamentario, Tadeo Rojas, descalificó a quienes atribuyen al Congreso el manejo discrecional del presupuesto. Afirmó que muchos administradores piden ampliaciones.

Ley anhelada por el Ejecutivo

El actual Gobierno instaló la necesidad de contar con dicha normativa para limitar el incremento de los gastos estatales y de esa forma reducir el déficit fiscal que fue en aumento en los últimos años. Además, de mejorar el uso del dinero público proveniente de los impuestos pagados por los contribuyentes.

En ese sentido, el proyecto original fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y entregado al Congreso. La Cámara de Senadores modificó los artículos 8 y 13, que eran considerados inconstitucionales por los parlamentarios por atribuirle mayor poder al Ejecutivo y que generaron todo tipo de críticas y malestar en las diferentes bancadas.

Amparándose en  la Ley de Administración Financiera, que regula la administración de ingresos y gastos del Estado, los parlamentarios podrán modificar la estimación de ingresos del Tesoro. Esto no estaba previsto en la versión del Ejecutivo.

La ley, en su artículo 7, establece que el déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para dicho año fiscal.

También establece  que el incremento anual del gasto corriente no puede exceder a la tasa de inflación interanual más de 4%. Tampoco se podrá incorporar aumentos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario mínimo.

Mientras el artículo 13 señala que todo proyecto de ley que implique impacto fiscal, presupuestario o financiero para el Estado, deberá contar con un dictamen técnico del Ministerio de Hacienda para su tratamiento, pero el informe no será vinculante, como lo era en la versión original.