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En la mañana del 15 de junio de 2012, 326 policías ingresaron a Marina Cué, Curuguaty, para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos, que habían ocupado el lugar hacía poco más de un mes.

Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas de Marina Cué eran del Estado, pues en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S.A. donó las tierras a la Marina paraguaya -de allí el nombre Marina Cué-, y posteriormente en el 2004, fueron declaradas de interés social para la Reforma Agraria.

La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez José Benítez.

Actualmente, el Estado paraguayo litiga por recuperar la propiedad. En más de una ocasión el actual presidente de la República, Federico Franco (del PLRA), exhortó a la familia Riquelme a entregar las tierras.

A un año del enfrentamiento, los familiares de los campesinos y policías caídos no tienen certeza de qué fue lo que realmente ocurrió aquel 15 de junio, en Marina Cué.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS. La masacre de Curuguaty fue expuesta como el motivo principal para la realización de un juicio político al presidente Fernando Lugo, que derivó en su destitución del cargo.

Además Paraguay quedó suspendido del Mercosur y la Unasur.

PROCESO. Más de medio centenar de campesinos están imputados y hay quince procesados por la Fiscalía, por la masacre. Actualmente los acusados aguardan que prosiga la audiencia preliminar, en que la jueza Rosa Janine Ríos decidirá si eleva o no a juicio oral la causa.